lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Gestos de paz?



Lunes, 24 Noviembre 2014 05:50

Escrito por  

A propósito del reciente desenlace del secuestro del general Rubén Darío Alzate y la consecuente suspensión de los diálogos de La Habana, por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien puso como condición la entrega de este alto mando junto a otras personas para reanudar los diálogos y la calificación de este hecho por ‘Pablo Catatumbo’ como un gesto de paz, quisiera ofrecer mi opinión al respecto.

Lo primero, es decir que si este grave incidente tiene un buen desenlace, el proceso de paz puede salir fortalecido, pues se mostraría que hay un clima propicio para el diálogo y la negociación y unas condiciones favorables para que la gente recupere la confianza en el proceso, que verían a un gobierno que define criterios que le dan legitimidad y que lo muestra fuerte en el sentido de supeditar el diálogo a ciertos comportamientos (el de no secuestrar), como una condición para las negociaciones, en este aspecto no se entiende cómo el secuestrar sea grave, pero el matar sea aceptable.

La intensión de negociación de las Farc e.p, ha sido probada, en razón a que las bajas no solamente han sido del sector gubernamental, cabe recordar que precisamente en plenas exploraciones del proceso de paz, la muerte de Alfonso Cano, máximo jefe guerrillero, no fue obstáculo para avanzar en lo que hoy se tiene.

Ahora bien, el calificativo de “gesto de paz” de Catatumbo tiene sentido en la medida en que se agilicen las negociaciones y que los resultados se vean, es necesario explorar el “Cese al Fuego Bilateral” dada la madures del proceso y esta especial circunstancia que demuestra la coordinación de los representantes de la Habana de las Farc y los que se encuentran en el campo de batalla. Esto sería una valiosa posibilidad para evitar más pérdidas de vidas que se supone son bienes insustituibles y que difícilmente pueden oponerse a la búsqueda de la paz. Ya está claro que existe una desconfianza por las experiencias del pasado frente a los ceses de hostilidades, pero este es un proceso distinto, y repito, cualquier esfuerzo que se haga por evitar la pérdida de vidas sería importante.

Vale recordar que nunca se había avanzado tanto en un proceso de negociación con un grupo insurgente, y más que eso, nunca el Estado en su conjunto y es lamentable reconocerlo, había aceptado la necesidad de una agenda que trascienda las demandas de este grupo guerrillero, a necesidades históricas que harían de este país un verdadero paraíso, en donde la gente del campo “Los más pobres de los pobres”, se vean beneficiados de las inversiones sociales que por años han sido la bandera de muchos que consideramos que la verdadera paz está en el campo.

*Docente Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas Usco.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Masacre de los niños de 1990



Lunes, 17 Noviembre 2014 00:00


En un país que está haciendo esfuerzos por conseguir la paz, debe ponerse de presente la necesidad de que la misma sea posible, si existen plenas garantías para el derecho a la memoria que tienen las víctimas del conflicto armado interno. Lo que implica que no se les condene a la indiferencia, al olvido y a los perdones estatales inconsultos, pues ese sería el peor tratamiento que se les puede dar a personas que han sufrido los vejámenes de este fratricida conflicto.

Por ello quiero remembrar el 12 de noviembre de 1990, como un día para nunca olvidar en nuestro país pues hace 24 años, ocurrió una de las masacres más sangrientas y de barbarie comeditas por las Farc, en contra de niños inocentes en Algeciras, Huila. Quiero que los lectores recuerden los nombres de los niños Anderson Devia (9 años) Clara Yasenia Tello Devia (10 años) Wilques Esneider Garzón Lozada (11 años) Luz Adriana Vargas Quintero (11 años) Rocío Molina Ovalle (12 años) Sandra Milena Pinto (14 años) y por supuesto del cabo primero Oscar Escobar Páez y el agente Brillan de Triguieros Wilson.

Quiero que se rinda tributo igualmente a los niños sobrevivientes y heridos como Silvia Támara, Harold Zabala, de 10 años; Sandra Paola Espinosa, 9 años, Sandra Paola Peña, 9, Orlando León Toledo, de 13 años, Glenys Vargas Ortiz, Ximena Ortiz, Ronald Andrés Ramírez, entre otros quienes se salvaron milagrosamente, y siendo sobrevivientes son la memoria viva de aquellos hechos que marcaron su vida para siempre.

Y es necesario rendir tributo a los niños que fallecieron, a los sobrevivientes y a todos sus familiares, pues no es posible que exista ninguna postura ideológica, sociológica o política, que justifique esta barbarie, estas niñas y niños, no pudieron optar por continuar con sus proyectos de vida, dando la felicidad a las madres que los parieron con tanto sufrimiento, construyendo sus sueños, siendo profesionales, teniendo hijos, riendo, cantando y respirando en el ambiente y el clima inigualable de mí municipio de ensueños Algeciras.

Y esto cierto jurídica y políticamente hablando, en materia jurídica el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario ha señalado la no prescripción de este tipo de delitos que como se sabe permanecen en la absoluta impunidad en nuestro país. Y en materia de política correcta, le queda muy mal a los negociadores de paz negar la existencia de estos hechos pues ello le restaría importancia a los grados de legitimidad necesarios para un proceso de paz con los pies en la tierra.

La paz sostenible y duradera no puede construirse con la indiferencia, con el perdón inconsulto y con la impunidad imperante. Es pues este un humilde homenaje a aquellos paisanitos y paisanas, algunos como Wilques Sneider amiguito con el que compartimos los recreos en la hermosa escuela Herminia Escorcia en 1990, para ellos el respeto a su memoria.

*Docente, Fac. Ciencias jurídicas y políticas Usco.
http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/itemlist/user/10100-alfredovargasortiz


lunes, 10 de noviembre de 2014

La limitada ley de víctimas


Escrito por  
Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Carr Center for Human Rights Policy, institución de Harvard Kennedy School, la más prestigiosa del mundo en investigación social en temas como política pública y gobierno.

Como conclusión preliminar del estudio se plantea: “lo que quiere hacer Colombia en atención a víctimas no lo ha hecho ningún país y será difícil de cumplir”, esta afirmación preliminar es cierta, pues en términos cuantitativos la Unidad para la Atención de la Víctimas registra a la fecha alrededor de 6.941.505, de personas víctimas dentro de los cuales se cuenta 923.656 víctimas de homicidio, 5.964.405 de desplazamiento y 150.841 desaparecidos. Todos estos datos ponen en evidencia una tremenda situación de nuestro país y unos retos de gran envergadura sobre todo si de lo que se trata es de garantizar no sólo la reparación administrativa señalada en la ley, sino también la reparación integral planteada como propósito en la misma, esto es, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria histórica.

Y esto es cierto, las verdades contadas en los procesos de justicia transicional han sido a medias y la impunidad ha reinado, por ende, la justicia tampoco ha llegado, los grandes responsables de la criminalidad han desarrollado a su manera mecanismos para no ser sometidos a la justicia.

Continuando con la ultra derecha, los paramilitares fueron extraditados a EE.UU., irónicamente como narcotraficantes y no como homicidas, como si este delito fuese más importante. En Colombia los desmovilizados han sido asesinados por sus propios financiadores, por supuesto, para que no cuenten la verdad de lo sucedido, en fin, todos los aparatos de estructura del poder político y económico están vivos y se encuentran intactos y muchos de ellos en el Congreso con Importantes votaciones.

Por parte de los grupos insurgentes, la situación es igual, en las negociaciones de paz no se tiene en la agenda a la justicia como uno de los temas importantes ¿Qué decirles a las miles de personas que hoy ven las actuales negociones de paz sobre su derecho a que se haga justicia? Claro que es loable la paz ¿Pero a qué precio?
Una evaluación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, implica desmentir ese juego de palabras repetidas en la misma ley que señala que pretende garantizar, como sinónimo de asegurar o hacer efectivos los derechos de las víctimas, reconociendo que son evidentes y reales sus limitaciones.
*Docente, Fac. Ciencias jurídicas y políticas Usco.


viernes, 7 de noviembre de 2014

El megacinismo de las pensiones


Lunes 3 de noviembre de 2014

El cinismo, se entiende como “desvergüenza o descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables”. Esta definición es perfecta para describir la reciente decisión del Consejo de Estado, el cual pretende revivir las pensiones de los honorables congresistas de nuestro país, viéndose obligados a recibir una pensión que no puede pasar del tope de 15,4 millones de pesos, según la decisión de la Corte Constitucional (C-258), lo que implicó un ahorro de más de $72.000 millones de pesos, según el Ministerio de Hacienda, o en términos prácticos, el sueldo por un mes de 116.883 parroquianos que ganan el miserable salario mínimo legal mensual de $616.000, o por ejemplo, la construcción de 2.400 cuatrocientas viviendas gratis.

Si le recuperaran la pensión a un docente, a una madre cabeza de familia, a una persona con discapacidad, a un campesino (quienes no cotizan para pensiones) tendría uno un sentimiento de solidaridad y alabanza frente a las decisiones del Consejo de Estado. Pero lo que ven y leen mis ojos es una desfachatez; motivar que les sostengan la pensión a alguien que con tramoya llegó al Congreso (la institución más deslegitimada de nuestro país), eso es un desacierto, que no les paguen sería un premio a la razón, a la sensatez, a la cordura de un Estado que le repite al pueblo que elevar el salario mínimo es un despropósito que afectaría la economía, pero que por Decreto, nuestro Presidente le concede toda clase de gabelas a los congresistas.

Da pena y vergüenza con los más de dos millones de desempleados, con los profesores universitarios que con título de doctorado (más de 21 años de preparación) y muchos años de servicio, no ganan más de cinco millones de pesos. Da vergüenza con los funcionarios públicos en general, a los cuales se les exige presentar exámenes de admisión en los concursos por “meritocracia”, junto con el título de pregrado y especialización para que les paguen no más de tres millones de pesos, y eso, si pasan el concurso donde se presentan cien o doscientos aspirantes en el mejor de los casos.

¿Qué les decimos a los campesinos que nos piden inversión social, escuelas, colegios, vías públicas, alcantarillado, luz y agua? Derechos que precisamente los padres de la patria nunca han conseguido para sus regiones, porque están muy ocupados celebrando contratos y obras por interpuestas personas, que muy seguramente los rodean no por sus méritos si no por su escasa vocación del esfuerzo y de trabajo. Se siente vergüenza ajena, que luego del fallo, los letrados tengan que ceder a intereses mezquinos que violan las reglas de equidad y decencia en un país que le repite a la sociedad que tiene recursos escasos. Anhelaría que la Corte decidiera a propósito de los sueldos de los Congresistas y “Altos funcionarios públicos” que éstos no ganen más de diez SMLMV, pues se supone que lo que hacen es servir a la patria y no acabar con ella.

*Docente, Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas Usco.